24.3.17

DISOLUCION DE GANANCIALES CON EXCESO COMPENSADO ECONOMICAMENTE. ¿GANANCIA PATRIMONIAL?

HAY GANANCIA PATRIMONIAL SEGÚN LA MAYORÍA DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS TSJs: a título de ejemplo:
ST 654/2016 TSJ Castilla la Mancha, de 20/10/2016
 La cuestión sujeta a controversia, consiste en determinar si está sujeta a tributación, como alteración patrimonial en el IRPF, la adjudicación de la totalidad de un inmueble por el interesado a su ex cónyuge, tras la liquidación de la sociedad de gananciales, recibiendo el obligado un importe monetario como contraprestación.
El TSJ Castilla la Mancha dice:
 La cuestión que se somete a este Tribunal está regulada en el  art. 33 de la  Ley 35/2006, del IRPF , que establece:
" 1. Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.

2. Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:

a) En los supuestos de división de la cosa común.

b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.

c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.

Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos .".

Para resolver la cuestión planteada el TEAR se fundamenta en la doctrina de la Dirección General de Tributos, en las contestaciones a consultas que cita, así como en la  Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2010.

La mencionada Sentencia dice así:

"(...) si bien es cierto (...) que "no se estimará que existen incrementos o disminuciones patrimoniales en los supuestos de división de cosa común, disolución de sociedades de gananciales y, en general, disolución de comunidades o separación de comuneros"(...) que en estos casos, "los bienes y derechos recibidos por el sujeto pasivo se incorporan al patrimonio por el mismo valor por el que se hubiese computado el derecho enajenado o computado", de tal forma que, si como aquí ocurre, la incorporación al patrimonio lo es por un valor superior al de adquisición actualizado fiscalmente, si que se habrá producido un incremento patrimonial susceptible de calificarse como renta, en el momento de la división de la comunidad, y no, como sería en el caso de que la incorporación lo fuese por el mismo valor, en cuyo caso el incremento quedaría deferido al momento en que el adquirente enajenase el bien.
(...)  En nuestro caso, como apreciaron tanto la Administración como el TEAR (...), concurrió un incremento patrimonial resultante de la adjudicación de la totalidad del inmueble al ex cónyuge del recurrente al procederse a la liquidación de la sociedad de gananciales conforme al cuaderno particional, y ser compensado éste con la cantidad de 64.192,95 € por la parte de su cuota de participación (50%)(....
Y ese es, en fin, el criterio de la Dirección General de Tributos, plasmado, por ejemplo, en consulta vinculante de fecha 21 de noviembre de 2011 (V2757-11), que analiza un supuesto de disolución de sociedad de gananciales en el que el único bien a repartir es un inmueble (...).

En consecuencia, el recurso contra la liquidación ha de ser desestimado.

El recurrente y su cónyuge, casados en régimen de separación de bienes y con motivo de su separación matrimonial, formalizaron disolución de condominio en escritura pública de 15 de octubre de 2008 sobre vivienda , del que eran propietarios al 50%, valorando el 50% en la cantidad 111.345,38 € (50% del precio fijado en la escritura de disolución de 222.690,76 €), que se adjudica a la esposa compensando el exceso al esposo. Dicha vivienda fue adquirida en un 50% por el recurrente el 27 de febrero de 1996 en el precio de 47.780,46 € (actualizado en 60.480,51 €) y lo transmitió el 15 de octubre de 2008 en el precio de 111.345,38 €. La Administración imputa una ganancia e patrimonio no declarada por importe de 50.864,87 €. 
Dice el TSJ de Cataluña: " En el mero ejercicio de la acción de división de la cosa común (...) mediante la adjudicación a un comunero del bien no divisible e indemnizando a los demás, no hay alteración en la composición del patrimonio de los ex comuneros, pero la actualización de los valores o bienes recibidos si la entraña. Así ha sucedido en el supuesto de autos como pone de manifiesto la diferencia que hay entre el valor de adquisición del inmueble cuando se constituyó el condominio y el de transmisión del mismo bien al extinguirse dicho condominio y por ello no puede acogerse la pretensión del recurrente. (...).

UNA GOTA DE AGUA EN EL DESIERTO:
Liquidación de sociedad de gananciales de la actora y su exmarido, al adjudicarse éste el inmueble propiedad de ambos (por resultar económicamente indivisible) y acordarse la compensación económica de la mitad que correspondía a la demandante en la sociedad de gananciales, lo que se materializó mediante la dación en pago a la actora de determinado inmueble propiedad del esposo.
La Agencia Tributaria y el TEARCV consideran que existe una ganancia patrimonial por la transmisión del inmueble que no ha sido declarada, sin que admitan la excepción a la existencia de alteración patrimonial que prevé el  art. 33.2 LIRPF para los supuestos de disolución de la sociedad de gananciales, ello por entender que "la inexistencia de alteración en la composición del patrimonio que, según la norma, no supone manifestación de la ganancia patrimonial sujeta al Impuesto, requiere la no actualización del valor de los bienes, de modo que si se introduce aquella variación (que es lo que se considera producido en el caso) sí se mostrará aquella alteración patrimonial sujeta.
En definitiva, lo que dicen la AEAT y el TEARCV es que para que no exista alteración en la composición del patrimonio, no se tuvo que haber actualizado el valor del inmueble que se adjudicó el exmarido en la liquidación de la sociedad de gananciales, sino que se tuvo que incorporar a su patrimonio por el mismo valor que el día que adquirieron el inmueble.
La actora considera que no existe en el caso ninguna enajenación ni transmisión generadora de ganancia patrimonial ni exceso de adjudicación alguno, sino una mera especificación o concreción de los derechos que corresponden a los cónyuges en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales. Añade a ello que la Agencia Tributaria y el TEARCV equivocan la interpretación del último párrafo del apartado 2 del  art. 33  LIRPF  ("los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos"), cuyo correcto entendimiento es el de que las adjudicaciones hechas a cada uno de los miembros de la sociedad de gananciales no generan una valoración actualizada del bien adjudicado, de manera que cuando se proceda a una eventual enajenación del inmueble posterior a la disolución de la sociedad de gananciales habrá de tomarse, a efectos del correspondiente incremento o disminución patrimonial, el valor originario de adquisición previo a la disolución de la sociedad de gananciales
Y el TSJCV da la razón a la actora:
"Frente a la interpretación que mantienen la Agencia Tributaria y el TEARCV, consideramos que el tenor del precepto lo que está expresando precisamente es que los supuestos de que se trata (división de cosa común, disolución de sociedad de gananciales y disolución de comunidad de bienes) no pueden conllevar la actualización de los valores de los bienes recibidos (es decir, que el valor del bien recibido mantiene el valor de la originaria adquisición a efectos de eventuales posteriores transmisiones), pero no que si se actualizan esos valores por los interesados al efecto de efectuar las correspondientes adjudicaciones deje de ser aplicable el apartado 2 de dicho  art. 33  LIRPF, lo que -en modo alguno- dice el precepto".

22.3.17

PLUSVALIA MUNICIPAL EXTINCION CONDOMINIO CON EXCESO COMPENSADO ECONÓMICAMENTE

Consulta Dirección General de Tributos.- V0239-16 21/01/2016:
Si (...) la extinción del condominio se realiza mediante la adjudicación de los bienes a uno de los comuneros y compensación económica al otro (...) si la única forma posible de adjudicación de los bienes es adjudicárselos a un comunero con la obligación de compensar al otro, como consecuencia de que la cosa común resulte ser indivisible o pueda desmerecer mucho por su división, en este supuesto no existirá exceso de adjudicación, ya que dicha adjudicación es el resultado de la necesidad de no perpetuar la indivisión que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar.
Las características descritas en el párrafo anterior relativas a la cosa común se han de entender, no referidas a cada uno de los bienes inmuebles individualmente considerados, sino en relación al conjunto de bienes que forman parte del condominio, de tal forma que sí se producirán excesos de adjudicación gravables en el IIVTNU si tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de los bienes.
Este último criterio supone la modificación del que hasta este momento venía estableciendo este Centro Directivo (recogido entre otras, en la consulta vinculante V2669-10 de 13 de diciembre).
En el caso de disolución de una comunidad de bienes “inter vivos” constituidas por un solo bien indivisible que se adjudica a uno de los comuneros, con compensación económica al otro/s, la jurisprudencia de los Tribunales en relación con la tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) de esta operación, puesta de manifiesto en las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1999 y 30 de abril de 2010, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 21 de octubre de 2005, Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 18 de febrero de 2005 y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de septiembre de 2013, es la siguiente:
La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales- sino una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente. Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división –supuesto que lógicamente concurre en una plaza de garaje e incluso en un piso (no se trata de la división de un edificio, sino de un piso, art. 401 del Código Civil)- la única forma de división, en el sentido de extinción de la comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero –arts. 402 y 1062, párrafo 1º, en relación éste con el art. 406, todos del Código Civil. Esta obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un «exceso de adjudicación», sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar –art. 400. Tampoco, por eso mismo, esa compensación en dinero puede calificarse de «compra» de la otra cuota, sino, simplemente, de respeto a la obligada equivalencia que ha de guardarse en la división de la cosa común por fuerza de lo dispuesto en los arts. 402 y 1061 del Código civil, en relación éste, también, con el 406 del mismo Cuerpo Legal. En puridad de conceptos, cuando la cosa común es indivisible, bien materialmente o bien por desmerecimiento excesivo si se llevara a cabo la división, cada comunero, aun cuando tenga derecho sólo a una parte de la cosa, tiene realmente un derecho abstracto a que, en su día, se le adjudique aquélla en su totalidad, dada su naturaleza de indivisible, con la obligación de compensar a los demás en metálico. Esta forma, pues, de salir de la comunidad es también, por tanto, concreción o materialización de un derecho abstracto en otro concreto, que no impide el efecto de la posesión civilísima reconocido en el art. 450 del Código Civil y no constituye, conforme ya se ha dicho, transmisión, ni a efectos civiles ni a efectos fiscales.”
Aunque las citadas sentencias de los Tribunales de Justicia se refieren al ITPAJD, este Centro Directivo considera que las mismas son trasladables al IIVTNU.
Consulta Dirección Geral de Tributos.-  V4049-16 de 22/09/2016:
"Para que el exceso de adjudicación (...) no tribute, debe de compensarse en dinero (deberá tenerse en cuenta que el asumir un préstamo hipotecario es una forma de compensar en dinero)."

21.3.17

HERENCIA Y DISOLUCION DE COMUNIDAD BIENES PROCEDENTES DE DOS CASANTES

Escritura de herencia de causante viudo, entre cuyo caudal relicto se encontraba la mitad indivisa de varios bienes inmuebles, adquiridos por el causante en la disolución de gananciales al fallecimiento de su esposa; sobre la otra mitad, ostentaba el usufructo vitalicio de la restante mitad indivisa de dichos bienes, cuya nuda propiedad correspondía a sus 3 hijos. Habiendo devenido dueños plenos de dichos inmuebles los 3 hijos y no deseando continuar en la indivisión extinguen la comunidad conforme al artículo 404 CC al ser los inmuebles esencialmente indivisibles deciden adjudicárselos (aunque no sé como).
Se dice en el párrafo dos del fundamento de derecho segundo: "Pues bien, no estando sujeta la referida disolución del condominio a TPO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1062 CC, y estimando la DGA que lo estaba al concepto de AJD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, giró una liquidación a cada uno de los comuneros, sobre el valor asignado al inmueble adjudicado, liquidaciones que, sin embargo, anuló el TEAR de Aragón por estimar que la disolución del condominio no puede considerarse un acto jurídico independiente y separado de la aceptación de la herencia, sino que forma parte de los actos de aceptación y partición de herencia, concluyendo que no hay un hecho imponible distinto de la manifestación y aceptación de herencia".
Es decir, recibieron los hijos liquidación por AJD por el valor del inmueble adjudicado.
El TEAR anula la liquidación por considerar que la disolución del condominio en la escritura de herencia forma parte de los actos de aceptación y partición de herencia, y que por tanto no hay un hecho imponible distinto de la propia manifestación y aceptación de herencia.
La cuestión que se suscita es, si la extinción de la comunidad es una operación materialmente particional o una operación distinta y autónoma, en la que no concurriría la incompatibilidad entre el Impuesto sobre Sucesiones y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
La resolución del TEAR recurrida por la ADMINISTRACIÓN estima que la disolución del condominio existente a la muerte del causante no puede considerarse un acto jurídico independiente y separado de la aceptación de herencia, añadiendo que no es que los bienes hayan estado primero en situación de pro indiviso y posteriormente se hubiera disuelto el condominio, sino que en el mismo momento de la aceptación se han repartido los bienes (ACEPTACIÓN Y PARTICIÓN DE HERENCIA). Para sentar dicha conclusión invoca la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos V1931-07 de 14 de septiembre de 2007, en la que se contempla el supuesto de un cónyuge que deja al supérstite el usufructo vitalicio de sus bienes y a sus hijos la nuda propiedad, estando constituida la sociedad de gananciales por un único bien inmueble, de forma que por disolución de la sociedad de gananciales la mitad del piso pasa a ser propiedad exclusiva del cónyuge viudo y la otra mitad constituye el caudal hereditario en su totalidad, previéndose realizar una escritura de partición y adjudicación de herencia en la que se adjudique todo el bien a uno de los hijos que compense a su padre y al otro hermano en la parte correspondiente. En dicha consulta, tras admitir la comunidad sobre la nuda propiedad de un bien, aunque uno de los condóminos (el cónyuge viudo) tenga no sólo la nuda propiedad sino el pleno dominio, la disolución del mismo en la que se adjudica a un condómino la propiedad total, abonando en dinero el exceso de adjudicación, no estará sujeto a TPO. Al realizarse la adjudicación en la escritura de partición y adjudicación de herencia la operación no tributará por AJD, al ser incompatible con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tal y como establece el artículo 31.2 del TR".
Dice el TSJ: No obstante, el supuesto de la consulta V1931-07, no es el mismo que el del caso enjuiciado. Lo sería, si la disolución se hubiera llevado al tiempo de la sucesión de la madre, pero lo cierto es que se arrastraba de la sucesión de ésta una situación de condominio sobre la nuda propiedad, que es ajena a la sucesión del padre y a la tributación derivada de la misma a la que se circunscribe la escritura en cuestión -en la misma, en cuanto aquí interesa, se extingue el usufructo del padre, consolidando los hijos la plena propiedad de la mitad indivisa sobre la que ostentaban la nuda propiedad y adquieren la propiedad plena de la mitad indivisa de los bienes inmuebles pertenecientes al padre-, en consecuencia la adjudicación de las fincas sobre las que ya ostentaban la nuda propiedad no está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por tanto no hay incompatibilidad entre ambos impuestos. Por tanto, se da la razón a la Administración autonómica que sostiene que ya existía un condominio sobre los bienes desde el 14 de febrero de 1991 (supongo que será desde la fecha de fallecimiento de la madre) y que la tesis del TEAR sólo sería predicable respecto de la herencia del padre, pero no de la madre, señalando que tanto si se considera que en la escritura hay dos actos jurídicos (uno la aceptación de la herencia del padre y otro la disolución del condominio formado sobre cada uno de los inmuebles), como sólo uno (la aceptación y partición de la herencia del padre) se ha de producir la disolución del condominio, si bien con porcentajes distintos de los comuneros (en el primer caso cada comunero tiene 1/3 y en el segundo uno tiene 2/3 y los demás 1/6), y en ambos casos se cumplen los requisitos del artículo 31.2 citado.
TSJ Aragón 420/2010 de 14/07/2010

18.3.17

NO PRESENTAR EN PLAZO AUTOLIQUIDACIONES SIN QUE SE PRODUZCA PERJUICIO ECONÓMICO

ST 50/2015 TSJ CV de 23/01/2015
19.2.2010 .Acuerdo dictado  por Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Alicante de la AEAT mediante el que se impone sanción de 100€  por la presunta comisión de una infracción tributaria leve consistente en "presentar fuera de plazo la declaración con solicitud de devolución del siguiente concepto impositivo: Modelo 303 AUTOLIQUIDACIÓN IMPUESTO VALOR AÑADIDO correspondiente al ejercicio 2009, período 06 y número de justificante 3032967296231.
El sujeto pasivo recurre ante el TEAR,  que en fecha 22.7.2011 resuelve desestimando su reclamación.
Interpone recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del TEAR, fundamentando su demanda, en esencia, en la alegación de falta de motivación del elemento subjetivo de la infracción sancionada.

En ningún momento del expediente sancionador se hace referencia a la posible culpabilidad del sujeto a quien se imputa la infracción, haciéndose una aplicación objetiva de las sanciones .
 Es consolidado criterio jurisprudencial ( STS 7 y 26 de julio de 1997 , 9 de diciembre de 1997 , 18 de julio de 1998 , 17 de mayo de 1999 , 2 de diciembre de 2000 , 7 de abril de 2001 y 3 de junio de 2002, entre muchas otras) que no se puede sancionar por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere.
 En este caso la resolución sancionadora en lo que hace al necesario elemento subjetivo del injusto tributario, trata de sustentar el mismo -exclusivamente-, en consideraciones de carácter puramente genérico y apodíctico, o bien en apelaciones a la claridad de la norma y a la ausencia de error o causas de justificación; así, lo único que se expresa a este respecto en el apartado "MOTIVACIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES" es lo siguiente:La normativa tributaria prevé que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad, entre otros motivos, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
 En el presente caso, hay que tener en cuenta que los plazos de presentación de declaraciones son suficientemente divulgados, particularmente, en el caso de empresarios y profesionales. En este supuesto, el contribuyente no ha cumplido en plazo con su obligación, sin que existan circunstancias que justifiquen esta inobservancia. La norma establece de forma expresa y clara la obligación de presentar la declaración omitida.
Es de destacar que la Administración tributaria pone, asimismo, a disposición de los contribuyentes una gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo acudir el obligado tributario en caso de duda sobre obligatoriedad y plazos para la presentación de este tipo de declaraciones.
Por otra parte, no existe un error involuntario ni una razonable discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de la norma; por tanto, concurre el mínimo de culpabilidad necesario para pueda entenderse cometida la infracción tributaria ".
Como vemos, la única referencia al elemento subjetivo del injusto tributario se circunscribe a afirmar -de manera apodíctica- que "concurre el mínimo de culpabilidad necesario para que pueda entenderse cometida la infracción tributaria", pero sin que se justifiquen o motiven tales afirmaciones más allá de la exclusiva mención del "incumplimiento en plazo de la obligación" (que lo que representa es una mera referencia a elementos objetivos de la infracción) o a la inexistencia de error o causas de exclusión de la responsabilidad.
En consecuencia, la Administración no ha realizado una valoración concreta y circunstanciada de la conducta llevada a cabo por el sujeto pasivo más que en función del resultado (mucho menos en función de las concretas circunstancias que concurren en el supuesto de autos), y no hace ninguna mención de los elementos de la conducta del sujeto pasivo en los que funda su juicio de culpabilidad, a partir de los que pueda inferirse el dolo o culpa del sujeto pasivo, lo que viene a significar que no ha sido acreditada debidamente por parte de la Administración la concurrencia de todos los elementos determinantes de la infracción y, por tanto, debe ser anulada la sanción impuesta, al haber sido apreciada la infracción en función del mero resultado de la conducta llevada a cabo; ello máxime teniendo en cuenta la reciente doctrina jurisprudencial al respecto (a título de ejemplo, la STS 6.6.2008 ), que, entre otras cosas, establece que "la simple afirmación de que no se aprecian <<dudas interpretativas razonables basadas en una especial complejidad de las normas aplicables>> o que la norma es clara no constituye suficiente fundamentación de la sanción..." o que "... es al órgano sancionador a quién corresponde acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad(...) ".
El TSJ acoge el motivo de impugación:
En cuanto a las costas, habrán de ser éstas impuestas a la Administración demandada.

14.3.17

EXTINCION DE COMUNIDAD DE BIENES SOBRE UN IMUEBLE. MIXTA: MITAD PLENO DOMINIO. MITAD CON NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO.

Consulta V0199-13 DE 24/01/2013.
El consultante junto con sus dos hermanos posee la nuda propiedad de la mitad de un inmueble adquirida por herencia; su madre posee el usufructo de dicha mitad del inmueble; la otra mitad del inmueble es propiedad en pleno dominio de una entidad bancaria por adjudicación en virtud de mandamiento judicial. Pretenden extinguir la comunidad de bienes existente procediendo a adjudicar al consultante la propiedad total del inmueble en calidad de abonar a los demás el exceso de adjudicación. 
Tributación de la operación en el ITPAJD:
Respuesta: La operación que pretenden hacer (la extinción de la comunidad de bienes) sólo sería posible si el consultante pretendiera adquirir la nuda propiedad del inmueble, que es sobre lo que existe comunidad de bienes, ya que se encuentra desdoblado el dominio sobre la mitad del inmueble; si lo que pretende es adquirir el pleno dominio del inmueble:
(EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO) en primer lugar nos encontramos con que se va a producir la extinción del usufructo de la comunidad hereditaria;  los tres hermanos tributarán por la adquisición del usufructo de la mitad del inmueble por el mayor valor del que quedara pendiente de tributar por la desmembración del domino en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y entre el que resultaría por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por adquisición del usufructo, ya que en el escrito de la consulta manifiesta que se va a compensar en metálico. Art. 51 RISD.
  (EXTINCIÓN  DE COMUNIDAD DE BIENES) Una vez adquirido el usufructo por parte de los tres hermanos, sí que habría una comunidad de bienes sobre la plena propiedad del inmueble de la que formarían parte los tres hermanos y la entidad bancaria y en este momento si que se produciría la extinción de la comunidad de bienes, que estará sujeta a la cuota gradual de AJD, al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 31.2 del  TRITPAJD. La base imponible será el valor declarado de los bienes, sin perjuicio de la comprobación administrativa, como prevé el artículo 30.1 del texto refundido del impuesto y será sujeto pasivo cada uno de los comuneros por el valor del bien que recibe. En este caso será sujeto pasivo el consultante. El exceso de adjudicación inevitable que plantea en la consulta a favor del consultante si se va a compensar en dinero, no tributará por TPO.
Ejemplo:
Piso en Valencia: Valor 100.000€
Edad de la viuda: 69 años. Usufructo vale: 20% x la mitad del inmueble: 10.000€
Nuda propiedad de la mitad del inmueble: 40.000; 13.333,33 cada hijo.
Entidad bancaria: pleno dominio del 50%; valor 50.000€
Se lo quiere quedar todo un hijo, que va a compensar en dinero con los valores dados; madre: 10.000, banco: 50.000 y 13.333,33 a cada uno de sus hermanos.
Tributación según consulta:
Por la Extinción del Usufructo (no sabemos cuánto lo que vale la consolidación del dominio en Sucesiones -desde luego, en Valencia, probablemente sea poco-, por lo que me decanto por la tributación como si de una compra en TPO se tratara: 10.000x10%= 1.000€. Sujetos pasivos cada uno de los 3 nudo propietarios por 333,33€.
Tributación en AJD por la disolución de comunidad: Base Imponible: 100.000; tipo de gravamen 1,5%= 1.500€; sujeto pasivo el adjudicatario.
Cuota a pagar por ITPAJ por las dos modalidades (TPO y AJD): 2.500€

9.3.17

Concurrencia de varias comunidades de distinta naturaleza sobre un bien o sobre varios bienes

Dice Maria del Carmen Frolán Cañadell en BIT PLUS 198: Puede darse el supuesto de hecho de comunidad ordinaria entre una persona, por ejemplo que tiene la participación del 50%, y un matrimonio casado en sociedad de gananciales que tiene el otro 50% para su sociedad conyugal, en este caso hay que diferenciar entre la disolución de la comunidad ordinaria que podría adjudicar el bien al matrimonio para su sociedad de gananciales, y calificar el acto de partición sobre bien indivisible compensando al comunero que sale, y podría disolverse la sociedad de gananciales adjudicando a uno de los cónyuges el 50% de la participación de la sociedad conyugal compensando al otro cónyuge con otros bienes de la sociedad y quedaría en consecuencia en comunidad ordinaria (50-50) con el primero, de modo que tal acto también sería de división (no sujeto a actos jurídicos documentados, art.45.I.B).3).
Piso valorado en 200.000€ del que son titulares en proindiviso:
Juan: 50%
La sociedad de gananciales compuesta por María y José: 50%.
Se disuelve la comunidad adjudicando el piso al matrimonio en su totalidad, que compensa el exceso de adjudicación a Juan en metálico.
Otra posibilidad, se disuelve la sociedad de gananciales y uno de los cónyuges, por ejemplo Jose se queda con el 50% del piso a cambio de que el otro cónyuge, María, se quede otros bienes de la sociedad conyugal; de tal manera que se mantiene la comunidad ordinaria 50%-50% entre Juan y Jose.
Este criterio que se mantiene es contrario a las consultas vinculantes de la DGT, entre las que se señalan la V2414-05, 28 de noviembre de 2005, y más recientemente la V3051-14 de 7 de noviembre y la V3299-14 de 9 de diciembre.
La posición que se defiende es la de considerar que la disolución de la comunidad ordinaria, cuando son titulares dos matrimonios casados en régimen de gananciales, es verdadera disolución de comunidad ordinaria y no puede ser tratada de venta de participación indivisa ni obligar a los cónyuges a disolver la sociedad de gananciales simultáneamente para logar que el acto sea realmente de división. Por otro lado el criterio que mantiene la DGT no encaja en el supuesto de que la propiedad perteneciera en pro indiviso a dos personas con el carácter de presuntivamente ganancial y disolvieran el condominio quedando la propiedad a nombre exclusivamente de uno de ellos con el carácter de presuntivamente ganancial.
Tampoco encaja en las normas civiles que contemplan la posibilidad de la coexistencia de ambas comunidades sobre un bien (art.1354 del Código Civil).
 V3051-14.-
  Dos matrimonios que han adquirido un solar sobre el que han construido dos viviendas en régimen de división horizontal y una vez concluída la obra han procedido a realizar las escrituras de obra nueva, fin de obra y división horizontal y disolución de condominio para adjudicarse cada matrImonio su vivienda.
 Debe analizarse en primer lugar la naturaleza jurídica de la operación que se pretende realizar; de la aplicación de los anteriores preceptos a los hechos expuestos se deriva claramente que la operación que se pretende llevar acabo no supone una disolución de la comunidad de bienes- que claramente se mantiene en los dos inmuebles que van a continuar en común- produciéndose, en todo caso, lo a veces se denomina una “disolución parcial”, pero que realmente no es una disolución o, en cualquier caso, no lo es a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La operación que van a realizar consiste en una redistribución de las participaciones de los cuatro comuneros que antes ostentaban el 25 por 100 de la participación sobre los dos inmuebles y ahora van a pasar a tener un 50 por 100 sobre uno de ellos. Aunque los matrimonios estuvieran bajo el régimen de sociedad de gananciales, al no tener la sociedad de gananciales personalidad jurídica ni consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no se puede entender que existe una disolución de condominio y los inmuebles quedan en poder de la comunidad de gananciales, sino que quedan en poder de las dos personas que componen el matrimonio. Precisamente el hecho de que los consultantes sigan participando en la propiedad de los inmuebles con sus cónyuges es lo que impide calificar a la operación descrita como disolución de la comunidad de bienes sobre los inmuebles. La comunidad de bienes no se extingue, sino que persiste, lo que ocurre es que se reduce el número de copropietarios, que pasa de cuatro a dos. En realidad nos encontramos ante una permuta.
V3299-14
Dos matrimonios casados en régimen de gananciales, son dueños en condominio de una finca. Pretenden disolver el condominio adjudicando la finca a uno de los matrimonios, que compensará a los comuneros salientes.
La operación que se pretende llevar a cabo no supone una disolución de la comunidad de bienes- que claramente se mantiene ya que el inmueble va a continuar en común- produciéndose, en todo caso, lo a veces se denomina una “disolución parcial”, pero que realmente no es una disolución o, en cualquier caso, no lo es a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La operación que van a realizar consiste en una transmisión de las participaciones de dos comuneros que antes ostentaban el 25 por 100 de la participación sobre el inmueble a los otros dos comuneros, que van a pasar a tener un 50 por 100 cada uno. Aunque el matrimonio esté bajo el régimen de sociedad de gananciales, al no tener la sociedad de gananciales personalidad jurídica ni consideración de sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no se puede entender que existe una disolución de condominio y el inmueble queda en poder de la comunidad de gananciales, sino que queda en poder de las dos personas que componen el matrimonio. Precisamente el hecho de que dos de los consultantes sigan participando en la propiedad del inmueble es lo que impide calificar a la operación descrita como disolución de la comunidad de bienes sobre los inmuebles. La comunidad de bienes no se extingue, sino que persiste, lo que ocurre es que se reduce el número de copropietarios, que pasa de cuatro a dos. En realidad nos encontramos ante una transmisión onerosa.

8.3.17

ESCRITURA DE HERENCIA Y DECLARACION DE OBRA NUEVA

 En efecto,en la propia escritura consta título de "Declaración de Obra Nueva terminada",  lo que resulta congruente con su contenido, ya que en lo que ahora importa en el apartado 7 del inventario que se incorpora a la citada escritura se hace una descripción de las viviendas construidas, sin que ahora importe el momento en el que se construyeron, ya que el devengo del impuesto se produce cuando se otorga la escritura (artículo 49.1.b) del  Real Decreto Legislativo 1/1993, por lo que la alegación de que las construcciones tienen una antigüedad de más de 5 años -y las pruebas interesadas al respecto- carecen de relevancia.
 Sostiene también la demanda que se produce una doble imposición por cuanto sobre un mismo hecho imponible (declaración de bienes existentes propiedad del fallecido) se liquida tanto el Impuesto sobre Sucesiones como el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
El  artículo 31  de la  Constitución Española establece los principios en los que se basa el sistema tributario quedando prohibida la doble imposición.
La prohibición de la doble imposición en materia tributaria supone que sobre los ciudadanos o entidades no pueda recaer la obligación material de pagar doblemente por un mismo hecho imponible, lo que es desde luego compatible con la circunstancia de que sobre un mismo elemento de la realidad (materia imponible) puedan recaer distintas figuras tributarias siempre y cuando los hechos imponibles sean distintos.
Debe distinguirse en este punto lo que es y constituye el objeto del tributo, como hecho de la realidad que soporta el tributo y que de alguna forma representa una manifestación de riqueza y de la capacidad económica del sujeto pasivo del impuesto, del hecho imponible en su sentido más estricto, que es el hecho, acto u operación que para el legislador da lugar y al pago del tributo (artículo 20.1  de la  Ley 58/2003 ).
En el presente caso en realidad ni tan siquiera nos encontramos ante este debate que sutilmente suscita la parte actora, por lo que en modo alguno podemos plantearnos si estamos ante un supuesto de doble imposición, ya que se liquida el Impuesto sobre Sucesiones, donde el hecho imponible es la adquisición mortis causa de determinados bienes y derechos, y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, donde el hecho imponible no es la adquisición de nada, sino la declaración de una obra nueva que se hace en la misma escritura.
Lo que ha sucedido, como hemos indicado, es que se aprovecha el mismo instrumento para liquidar la sociedad de gananciales y adjudicar la herencia y -al mismo tiempo- declarar la obra nueva, dando lugar en consecuencia a dos liquidaciones porque las operaciones realizadas son también dos.
Debemos recordar en este punto que el artículo 4 del  Real Decreto Legislativo 1/1993, dice: "A una sola convención no puede exigírsele mas que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa".
Y esto es lo que ha sucedido en este caso (...).

7.3.17

REDUCCION VIVIENDA HABITUAL IMPUESTO SUCESIONES A GARAJES Y TRASTEROS

Sentencia TSJ CV Valenciana 2988/2014, de 18 juliode 2014 y ST TSJ CV 28/05/2012
La cuestión a resolver es si en la reducción del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, deben incluirse sus anejos garaje y trastero, por lo que partiendo de lo dispuesto en el artículo 20.2 c) de la  Ley 29/1987, y de que la resolución 2/1999 de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual, se remite al artículo 51 del Reglamento del IRPF , aprobado por  RD 214/1999, remisión que debe entenderse actualmente realizada al  artículo 54  del  RD 439/2007   y 55.2 c) del mismo, que señala que se considerará adquisición de vivienda habitual por asimilación a tal concepto, la adquisición de trasteros y plazas de garaje, hasta un máximo de dos, conjuntamente con la vivienda que se va a habitar. 
Pues bien, aplicando tal normativa al presente recurso, y no siendo discutido por las partes que tales anejos han sido adquiridos de manera conjunta con la vivienda, procede desestimar el recurso interpuesto por la GENERALITAT frente a la resolución del TEAR que había estimado el recurso frente a a la liquidación, al entender que la remisión efectuada a la normativa citada resulta conforme a derecho, siendo que así lo ha entendido esta Sala y Sección mediante ST TSJ CV 28/05/2012.
En efecto, el tercer párrafo del apartado 2 del  artículo 20  de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, determina que «Del mismo porcentaje de reducción (95 por 100), con el límite de 122.606, 47 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento».
La Resolución 2/1999, de 23 de marzo , de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual y empresa familiar, dispone en la letra b) de su apartado 1.4, sobre el concepto de vivienda habitual , que «Para la determinación de lo que ha de entenderse por vivienda habitual, hay que acudir al artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero , que es el que define dicho concepto en el ámbito fiscal».
Por su parte, el citado artículo 51 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por RD 214/1999, de 5 de febrero, establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2: «1. Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas. 2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes circunstancias: Cuando se produzca el fallecimiento del cónyuge o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo. Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en otro caso el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha de cese».
Por su parte, el artículo 52.2 del citado Reglamento dispone que se asimilarán a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con el máximo de dos.
En el presente caso, si acudimos a la escritura de adjudicación de herencia, observamos que el bien asignado con el nº 1 fue adquirido mediante escritura de 9 de marzo de 1966, mientras que el bien designado con el nº 2 fue adquirido mediante escritura de 2 de octubre de 1968.
En consecuencia, al no adquirirse junto con la vivienda, no se dan las circunstancias reflejadas en el precepto para poder equiparar las plazas de garaje con la vivienda habitual. Se trata de adquisiciones en distintas escrituras y de distintas fechas, por lo que deben ser considerados bienes distintos.
 Consulta Vinculante V0830-16  02/03/2016
 "A la hora de delimitar qué se entiende por vivienda habitual del contribuyente, la letra c) del apartado 2 del artículo 55 del RIRPF, en su redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2012, especificaba que no se está ante un supuesto de adquisición de vivienda cuando se adquieran independientemente de ésta, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas, instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No obstante, añadía que se asimilan a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con un máximo de dos, y los trasteros. Siendo, ésta última expresión, una excepción a la norma general. En consecuencia, si bien, en principio, la adquisición de plazas de garaje y trasteros no se asimilaba a la de la vivienda propiamente dicha, en relación con dicha excepción, el criterio de éste Centro Directivo es que para que se produzca tal asimilación es necesario que las plazas de garaje y los trasteros se encuentren en el mismo edificio o complejo inmobiliario de la vivienda y que la adquisición, tanto de la vivienda como de las plazas de garaje y trasteros, se hubiera producido en el mismo acto, aunque podía ser en documento distinto, entregándose todas en el mismo momento. No podrá tener uso distinto al privativo del propio adquirente, en caso alguno. De acuerdo con lo expuesto, si cuando se transmite la vivienda ésta constituía la residencia habitual del consultante y de su esposa en los términos del artículo 41bis del RIRPF, podrá exonerarse de gravamen la ganancia patrimonial generada en la transmisión. La plaza de garaje y el trastero que se transmiten junto con la vivienda, se entenderán como parte de la transmisión de dicha vivienda, quedando igualmente exenta de gravamen."
 Con esta consulta, vemos que el criterio de la DGT (aunque ya no se diga en la normativa actual, pues está derogado el artículo 55 del Reglamento del IRPF), sigue siendo el de considerar como vivienda habitual las plazas de garaje (máximo 2) y los trasteros adquiridos con la vivienda en mismo acto y que estén en el mismo efificio o complejo inmobiliario.
Y poniendo en relación esto criterio con lo expresado en la Sentencia del TJS de Valencia de 18/07/2014, llegamos a la conclusión que si hay que computar como vivienda habitual con derecho a reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones tanto la propia vivienda habitual como las hasta dos plazas de garajes y trasteros que formaran parte del "pack" vivienda habitual por ester en el mismo edificio o complejo inmobiliario si se adquirieron en el mismo acto. Hay que ver, por tanto los títulos de adquisición por parte del causante de la propia vivienda y de los garajes (máximo 2) y trasteros; ver si se adquirieron en la misma fecha, incluso aunque consten en escrituras separadas.


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