21.4.17

DISOLUCION COMUNIDAD BIENES VARIOS BIENES. DISOLUCION PARCIAL. ADJUDICACION A MÁS DE UN COMUNERO

DOS CUESTIONES ACERCA DE LA TRIBUTACION DE LA COMUNIDAD DE BIENES
Se trata de determinar, tratándose de la disolución de una comunidad donde existan varios bienes y se produzcan excesos de adjudicación, si los mismos pueden quedar sujetos a TPO cuando tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de tales bienes.
Los excesos de adjudicación que excepciona el artículo 7.2B LITP de tributación por TPO son excesos de adjudicación ajenos la voluntad de los herederos/comuneros, y se producen bien por las características de la cosa, bien porque la voluntad del testador determina un exceso que los herederos no pueden eludir. Se trata por tanto de excesos de adjudicación inevitables y es esta cualidad de los excesos la que subyace en la exoneración de los casos concretos del artículo 7.2.B) del TRLITPAJD, convirtiéndose tal inevitabilidad en el eje de la no tributación por TPO, manifestada unas veces en forma de indivisibilidad material, funcional o jurídica, o incluso en su variante de desmerecer mucho su valor con la división (que a estos efectos se transforma en un bien indivisible de facto), y, otras veces, manifestada en forma de respeto a la voluntad del testador.
En el caso de la indivisibilidad, que es la directamente relacionada con este recurso, la inevitabilidad viene reforzada por el hecho (y a su vez derecho) de que ningún copropietario puede ser obligado a permanecer a una comunidad (artículo 400 Código Civil, o en el caso de la comunidad hereditaria en el artículo 1.051 del mismo cuerpo legal). La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1999 recoge esta situación de inevitabilidad cuando dice: "Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división (...) la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero" .
De lo hasta ahora expuesto ya se infiere que es la relación indivisibilidad-inevitabilidad del exceso de adjudicación la que debe presidir el análisis de esta controversia. Pero a su vez se quiere destacar que cuando estamos ante bienes divisibles no es posible la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación derivados de la adjudicación de un bien divisible, y no sólo por la literalidad de los preceptos del Código Civil a los que se remite el artículo 7.2.B) TRLITPAJD, sino porque a su vez no existe la inevitabilidad del exceso de adjudicación por la propia condición de bien divisible.
Dicho lo anterior, a la pregunta de si en el caso de disolución de una comunidad integrada por varios bienes, todos ellos indivisibles, cualquier forma de reparto debe dar lugar la exoneración de tributación de los excesos de adjudicación por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ya se anticipa que la respuesta ha de ser negativa (es decir, no cualquier forma de reparto con excesos de adjudicación tributará por Actos Jurídicos Documentados, sino sólo algunas de ellas).
Llegados a este punto, y para la más precisa solución de la cuestión, además debe diferenciarse entre aquellos supuestos en los que aún no se ha producido la partición de la herencia y aquellos otros en los que ya haya tenido lugar tal partición con adjudicación pro indiviso de los varios bienes que integraban la masa hereditaria. En el primer caso, la comunidad hereditaria tiene carácter universal, en el sentido que no recae sobre bienes particulares y concretos, sino sobre la herencia globalmente considerada como una unidad. No hay tantas comunidades como bienes haya en la herencia, sino una única comunidad que se proyecta sobre la herencia concebida en su universalidad. En cambio, si ya se ha producido la partición de la herencia y la adjudicación pro indiviso de los varios bienes que la integran sí existirán tantas comunidades como bienes integraban el caudal relicto sobre los que ahora recaen las cuotas.
Asimismo, podemos destacar, por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1992, en la que se afirma que "por otro lado, que la partición puede llevarse a efecto mediante la transformación de la comunidad hereditaria en un condominio ordinario, atribuyendo a los coherederos la copropiedad de los concretos bienes de la herencia, con expresión de las cuotas proindiviso que en los mismos correspondan a cada heredero, como tiene reconocido esta Sala cuando declara: «no pudiendo sostenerse seriamente que, por adjudicarse bienes en régimen de copropiedad y por cuotas indivisas, la partición no se llevará a efecto» (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1984)"; o, en el mismo sentido, la de fecha 21 de julio de 1986: "pues si bien es cierto, como afirma el recurrente, que ni el testamento ni la declaración de herederos abintestato son por sí solos títulos suficientes para reivindicar bienes concretos y determinados y ello porque tales títulos sólo confieren un derecho abstracto sobre el patrimonio relicto que permanece en indivisión, no es menos cierto que una vez practicada la partición aquel derecho abstracto se transforma en un derecho concreto sobre los bienes que a cada heredero se le hayan adjudicado, ostentando a partir de dicha adjudicación una titularidad ordinaria, como la que puede corresponderle sobre bienes integrados en su patrimonio por cualquier otro título adquisitivo".
Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos transcritos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en aquellos casos en que no se haya llevado a cabo la partición de la herencia, si el desequilibrio en los lotes de reparto se produce por imposibilidad (inevitabilidad) de formar lotes proporcionales al interés de cada comunero en la comunidad, provocado, en el caso enjuiciado, por la existencia de uno o varios bienes indivisibles, y además dicho desequilibrio se compensa en dinero, los excesos de adjudicación no tributarán por la modalidad Transmisión Patrimonial Onerosa. No obstante, en estos supuestos, este Tribunal Central entiende que la excepción de indivisibilidad-inevitabilidad (de "obligación consecuencia de la indivisibilidad" en palabras del Tribunal Supremo) no debe aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerados, sino que debe entenderse referida al conjunto de los bienes que integren la comunidad, de forma tal que el exceso de adjudicación sea, como se viene insistiendo, inevitable, en el sentido de que no hubiera sido posible hacer, mediante otras adjudicaciones, otros lotes proporcionales al interés de cada comunero y que hubieran evitado o mirado los excesos de adjudicación, de forma tal que si no es así, estaremos ante un exceso de adjudicación "verdadero" (siguiendo de nuevo la terminología del Tribunal Supremo) sujeto y no exento como Transmisión Patrimonial Onerosa..
El criterio anterior es igualmente compartido por diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Así, entre otras, podemos destacar sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de noviembre de 2010 (recurso nº 1925/2008). El TSJ de Asturias concluye que existe un exceso de adjudicación que debe tributar como transmisión patrimonial onerosa "pues existiendo en el inventario varios bienes inmuebles susceptibles de adjudicación no era necesario adjudicar a la recurrente el pleno dominio de dos de los inmuebles y la mitad indivisa del otro, además de otros bienes, excediendo así la suma de su haber hereditario, con lo que se ha incurrido voluntariamente por los interesados en un exceso de adjudicación que no se justifica con la necesidad de conservar íntegra la nave industrial de ..., que se mantiene injustificadamente en pro indiviso, y porque había una forma más racional de adjudicación de las herencias, como bien podría ser la formación de dos lotes prácticamente equivalentes, integrado uno por los bienes nº 2, 4, 6 y 8 del inventario, que suponen un total de 402.571,61 euros, y el otro formado con los bienes 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 del inventario, por un total de 402.166,31 euros, con lo que se lograría evitar el mantenimiento del pro indiviso de bienes inmuebles y otros de carácter indivisible, y se conseguiría que el exceso resultante a favor de uno de los herederos fuera mínimo.
Conclusión/Criterio:
-Tratándose de la disolución de una comunidad donde existan varios bienes indivisibles y se produzcan excesos de adjudicación, los mismos pueden quedar sujetos a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas si tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de tales bienes (esto es, siempre que el exceso hubiera podido al menos en parte evitarse) respetando siempre los principios de equivalencia en la división de la cosa común y de proporcionalidad entre la adjudicación efectuada y el interés o cuota de cada comunero.
Esta excepción de indivisibilidad-inevitabilidad (de "obligación consecuencia de la indivisibilidad"·en palabras del Tribunal Supremo) no debe aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerados, sino que debe entenderse referida al conjunto de los bienes que integren la comunidad en aquellos casos en los que aún no se ha producido la partición de la herencia. En cambio, habiendo tenido lugar tal partición y la adjudicación pro indiviso de varios bienes, la excepción de indivisibilidad-inevitabilidad sí se aplicará sobre cada uno de los bienes individualmente considerados que han sido adjudicados.
  
La siguiente cuestión, si resulta aplicable o no la previsión del artículo 1.062 apartado primero del Código Civil, y en consecuencia la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación producidos por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a aquellos supuestos en que un mismo bien se adjudica no solo a uno sino a varios de los copropietarios (supuestos de extinción parcial del condominio).
Respuesta:
resulta aplicable la previsión del artículo 1.062 apartado primero del Código Civil, y en consecuencia la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación producidos por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a aquellos supuestos en que un mismo bien se adjudica no sólo a uno sino a varios de los copropietarios (supuestos de extinción parcial del condominio).
 RESOLUCION TEAC 591/2010 29/11/2010.

19.4.17

LOS ARRENDADORES SIGUEN SIENDO SUJETOS PASIVOS DE IVA AUNQUE EL INMUEBLE NO ESTÉ ARRENDADO

Compraventa en fecha 14/02/2007 efectuada por SL a 2 copropietarios en proindiviso de 2 naves industriales.
La SL compradora consignó en la declaración de IVA como "saldo pendiente de compensación en ejercicios futuros" el IVA soportado en la operación.
La Administración le liquida el IVA disminuyendo dicha cantidad de IVA soportado y además le sanciona.
"La Administración rechaza la inclusión de esta partida a deducir porque entiende que los vendedores carecían del carácter de "empresarios" y que, sin tal requisito, no podía estar la operación sujeta a IVA, ni por tanto estar exenta como segunda entrega de edificación ( art.20.1.22.a de la Ley del IVA ), ni, por consiguiente, renunciarse a la exención.
La liquidación no ha sido objeto de recurso.
Pero la la sanción impuesta resulta claramente improcedente. Los vendedores, que formaban comunidad de bienes, tenían arrendada las naves como actividad empresarial, habiéndose dado de alta en el censo fiscal y realizando las correspondientes declaraciones e ingresos de IVA en relación a este alquiler. Esta situación se mantuvo desde enero de 1998 hasta diciembre de 2005. Ciertamente en esa fecha se extinguió el contrato de arrendamiento sobre las naves. Ahora bien, los propios vendedores manifiestan (en la contestación a al demanda del pleito civil entablado entre las partes de la operación) que una vez extinguido el arrendamiento en diciembre de 2005, la comunidad no se dio de baja en el censo de sujetos pasivos del IVA, ya que intentó poner la nave en arriendo, pero sin éxito, de modo que la nave estuvo ofrecida en 2006 para arrendamiento sin que se lograse arrendar; y esa era la situación cuando se vendió la nave.
Siendo esto así, es muy discutible que los vendedores no tuvieran la condición de empresarios cuando vendieron, (...) pues el hecho de que el inmueble que se arrienda esté transitoriamente vacante pero siga intentándose su arriendo no elimina la actividad, y los propietarios seguían de alta en el censo
(...) Hemos de decir que es cierto e innegable que si un empresario dedicado a la actividad de arrendamiento de inmuebles vende uno de los que estaban afectos a tal actividad, esta venta no se realiza, ciertamente, como parte de su actividad empresarial típica; pero resulta que el art. 7.1.b de la Ley del IVA indica que sí estarán sujetas al IVA las cesiones de los bienes arrendados realizadas por quienes se dediquen como exclusiva actividad empresarial al arrendamiento de inmuebles; y que además, el art. 4 define como hecho imponible no sólo la enajenación de bienes propia del tráfico empresarial a que se dedique el sujeto pasivo del impuesto, sino también (apartado 2.b) las transmisiones a terceros de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos" .

18.4.17

DEUDA DEDUCIBLE TRIBUTOS Y SEGURIDAD SOCIAL SATISFECHA POR LOS HEREDEROS, ALBACEAS O ADMINISTRADORES


 13.2 LISD. "En especial, serán deducibles las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos del Estado, de Comunidades Autónomas o de Corporaciones Locales o por deudas de la Seguridad Social y que se satisfagan por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, aunque correspondan a liquidaciones giradas después del fallecimiento".
Liquidación girada por el Impuesto sobre Sucesiones por importe de 3.676,19 € contra Serafina.
Serafina pretende que tenga la consideración de deuda deducible en el ISD la cantidad adeudada por la causante (doña Gloria, madre de Serafina, fallecida el 20 de noviembre de 2007) por el Impuesto sobre Sucesiones devengado por la herencia de el hermano de doña Gloria (don Luis Francisco , fallecido el 10 de marzo de 2004), deuda que se encontraba pendiente  al fallecer la causante, doña Gloria.
Entiende Serafina que la deuda tributaria en cuestión debió considerarse acreditada al ser sobradamente conocida su existencia por la Administración ya que se trataba de una deuda pendiente con ella misma, y así se le informó a través de los diferentes escritos de alegaciones y/o de recurso administrativo que Serafina presentó en los que indicó, incluso, el número de expediente en el que tal deuda constaba y el órgano en el que el expediente se había tramitado (expediente NUM001 , tramitado por la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid). Invoca en apoyo de su tesis el  art. 35.f)  LRJyPAC , en virtud del cual, los administrados no tienen obligación de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la Administración.
El TEAR desestimo la reclamación económico administrativa rechazando que pueda calificarse de deuda deducible la cantidad adeudada por la causante  por el Impuesto sobre Sucesiones devengado por la herencia de su hermano, que se encontraba pendiente al fallecer la causante, por considerar que ni se ha acreditado la existencia de tal deuda ni que ésta haya sido satisfecha por herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, tal y como exige el  art. 13.2   de la  LISyD.
El TSJ dice que Serafina mencionó, efectivamente, el número de expediente en el que la deuda debía constar, pudiendo, asimismo, deducirse cuál era el órgano administrativo tramitador del mismo. Ahora bien, lo único que la actora indicaba en ambos escritos es que el expediente de liquidación de la deuda se estaba tramitando, sin manifestar en ningún momento que en dicho expediente constara ya la deuda fijada en la correspondiente liquidación. Por ello, entendemos que no resultaba procedente al amparo del  art. 34.1.h)  LGT la comprobación por la Administración del expediente indicado ya que ni siquiera se decía por la actora que tal deuda estuviera ya fijada, sino, simplemente, que se estaba tramitando el procedimiento para su fijación.
Además, para que proceda la deducción de esta deuda tributaria de la causante, como también indicaba el TEAR en la resolución impugnada, no sólo era necesario acreditar su existencia, sino también haber sido satisfecha por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, como expresamente indica el  art. 13.2  LISyD, y nada se alega en la demanda sobre este requisito sin que conste, por tanto, que la deuda que se invoca hubiera sido pagada. TSJ Madrid 20/07/2016.

11.4.17

FECHA DE ADQUISICION GANANCIA PATRIMONIAL TRAS DISOLUCION DE GANANCIALES.



Hechos.-
1º.- El 23 de febrero de 1987 Pedro adquiere la mitad de un inmueble, al haber sido adquirido por la sociedad de gananciales a la que pertenecía.
2º.- El 25 de octubre de 1991, se disuelve la sociedad de gananciales y Pedro se adjudica la otra mitad del inmueble.
3º.- El 31 de julio de 2013 Pedro dona a su hija el inmueble, señalando a efectos de ISyD su valor en 115.800,74 euros.
En su declaración del IRPF Pedro no refleja la ganancia patrimonial de esta transmisión.

La AEAT le liquida señalando como ganancia patrimonial la diferencia del incremento de valor del bien desde que se adquirió una mitad en 1987 y la otra en 1991 hasta que se transmitió en 2013, tomando como valor el de la escritura de donación.

La AEAT entiende que Pedro tiene dos momentos de adquisición del inmueble; de una mitad el 23/02/1987 y de la otra el 25/10/1991, fecha en que se produjo la disolución de la sociedad de gananciales;

Dice el TSJ: “En cuanto al posible exceso de adjudicación en el acto de disolución de la sociedad de gananciales, consignado por el TEARC en su resolución, aquí recurrida, y que sirve de base a la decisión de la administración de tener en cuenta el año 1991 como momento de adquisición del 50% del inmueble, no consta acreditado en ningún momento del expediente administrativo (NO CONSTA ACREDITADO EN NINGÚN MOMENTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EL EXCESO DE ADJUDICACIÓN), por lo que no se va a tener en cuenta este elemento por falta de prueba sobre su existencia”.

Sigue diciendo el TSJ: “En nuestro caso existe controversia en cuanto a la valoración del bien en el momento de su adquisición. No existe controversia alguna con respecto a su valor en el momento de su transmisión ya que la AEAT ha utilizado el mismo valor que el actor consignó a efectos del ISyD en la escritura de donación.

En cuanto al valor inicial del bien, la controversia se encuentra a la hora de tratar de acomodar la valoración realizada por la administración que valora la mitad del bien en el año 1987 y la otra en 1991, perjudicando al actor, que sosteniendo que se infringe lo previsto en el artículo 33.2 de la LIRPF, se aferra a la solución de valorar el bien íntegramente en relación al año 1987. El citado artículo establece: "Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio: a) En los supuestos de división de la cosa común. b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación. c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros. Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos". Efectivamente, la interpretación literal del artículo no deja lugar a dudas de la no aplicabilidad del régimen de alteración patrimonial, a los efectos de determinación de posibles incrementos patrimoniales o no, el supuesto exacto en que se encuentra el recurrente, por lo que debe prosperar su alegación. En conclusión, (…), se entiende que todo el bien fue adquirido en la primera de las fechas barajadas por la administración, es decir en 1987 (…)”.

6.4.17

HERENCIA CON EXCESO DE ADJUDICACIÓN PLUSVALIA MUNICIPAL

V0892-14 de 31/03/2014 ESCRITURA DE HERENCIA
  Se produce en 2013 el fallecimiento de uno de los cónyuges. Se adjudica el inmueble que constituía la residencia habitual del matrimonio a la viuda, produciéndose así un exceso de adjudicación respecto a su cuota de gananciales, al cual las dos hijas herederas le dan carácter gratuito.
 Pregunta: Si la totalidad de esta operación queda no sujeta al IIVTNU, incluido el exceso de adjudicación
Es decir, se trata de indicar la tributación en IIVTNU en una operación de liquidación de gananciales y herencia en la que a la viuda se le adjudica un inmueble que previamente era ganancial con exceso de adjudicación.
En el supuesto existen dos operaciones, por una lado se va a producir la liquidación de la sociedad de gananciales en la cual se van a adjudicar al cónyuge viudo los bienes y derechos que le corresponden en pago de su mitad de gananciales, constituyendo el resto de bienes la masa hereditaria. Y una segunda operación que va a consistir en la adjudicación por parte de las herederas a su madre de un porcentaje del bien inmueble que constituía la residencia habitual del matrimonio.
1º La Adjudicación en pago de gananciales.-
No determinará la sujeción al IIVTNU, con base en el  104.3.1º del TRLRHL en consecuencia, la adjudicación de la vivienda que constituía la residencia habitual del matrimonio al cónyuge viudo en el porcentaje que corresponde al pago de su mitad ganancial no se encuentra sujeta al IIVTNU.
No obstante, a efectos de futuras transmisiones, la fecha de inicio de dicho período de generación del IIVTNU será la fecha en la que ambos cónyuges adquirieron el inmueble y no la fecha en la que se liquida la sociedad conyugal de gananciales.
Adjudicaciones de bienes inmuebles que se correspondan con el pago de los derechos hereditarios, sí estarán sujetas al IIVTNU. Por tanto, se tributa por adquisición mortis causa respecto al % del inmueble que se adjudique como derechos hereditarios.
Así, la transmisión mortis causa a los herederos del porcentaje restante del inmueble que constituía la residencia habitual del matrimonio y que formaba parte de la masa hereditaria, originará la liquidación del IIVTNU de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes del TRLRHL.
Por lo que se refiere a la segunda de las operaciones descritas, cabe precisar en primer lugar que la adjudicación a los herederos del citado porcentaje del bien inmueble determina a su vez la constitución de una comunidad de bienes, en la cual participan como comuneros la madre y las hijas.
En este sentido, el artículo 392 del CC dispone que:
“Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos o disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.”
A su vez, la constitución de las comunidades de bienes puede tener lugar por:
Actos “mortis causa”, donde no se ha producido la partición de la herencia entre los distintos herederos que comparten pro indiviso la propiedad de los bienes y derechos pertenecientes a la herencia.
O en su caso, por actos “inter vivos”, por voluntad de las partes, en las que dos o más personas deciden voluntariamente adquirir en común uno o más bienes.
Así, respecto a las comunidades de bienes constituidas por “actos mortis causa”, el criterio de esta Subdirección General, coincidente con las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1997, 10 de octubre de 1998 y 19 de diciembre de 1998, es que en la división de la herencia no se produce el devengo del IIVTNU, y ello con independencia de que la división se lleve a cabo mediante adjudicación proporcional a cada uno de los herederos, o bien, en el caso de que tratándose de un bien indivisible, se adjudique a uno de los herederos mediante compensación económica al resto.
Por tanto, esta segunda operación, en la cual se procede a la adjudicación por parte de las dos hijas herederas a su madre del porcentaje de la propiedad en pro indiviso que recaía sobre el bien inmueble que constituía la residencia habitual del matrimonio, obteniendo ésta, la propiedad sobre la totalidad de la vivienda, no se encuentra sujeta al IIVTNU. 
En la formulación del supuesto se dice que al exceso de adjudicación le dan carácter gratutito. En la respuesta, dice la DGT que no estará sujeta la adjudicación (del exceso a la viuda) por tratarsde de división de la herencia en la que se adjudica todo el bien indivisible a uno a cambio de compensar económicamente al resto. Por tanto, entiendo que si hubiese compensación económica por el exceso de adjudicación la viuda sólo tributaría por IIVTNU por la adjudicación de la parte del inmueble que se adjudique en pago de los derechos hereditarios. De todas formas, la DGT da respuesta a un supuesto de exceso de adjudicación gratuito.

5.4.17

BONIFICACION DEL 99% EN SUCESIONES COMUNIDAD VALENCIANA PARA NO RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA




Autoliquidación del Impuesto de Sucesiones con devengo 19/07/2007 por sujeto pasivo residente en Cartagena por herencia de su madre fallecida el 19/07/2007 en Guardamar del Segura (Alicante). Se aplica bonificación del 99% con base en el artículo
Artículo 12 bis de la Ley 13/1997: Deducciones y bonificaciones en la cuota
Gozarán de una bonificación del 99 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
a) Las adquisiciones mortis causa por parientes del causante pertenecientes a los Grupos I y II del artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre , del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana a la fecha del devengo del impuesto.
La Oficina Liquidadora de Guardamar del Segura le practica liquidación complementaria por considerar que el sujeto pasivo residía en Cartagena y por tanto no era residente en la Comunidad Valenciana, al menos durante 181 días anteriores al devengo, criterio que confirmó el TEAR.
DICE EL TSJ:
De la lectura conjunta de los arts. 12 bis de la Ley valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, y del  artículo 20  de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre , se desprende que en la fecha del devengo, que corresponde al fallecimiento del causante en 2007, las adquisiciones mortis causa por parientes estaban bonificadas en un 99% de la cuota tributaria del IS, si bien se condicionaba a que los herederos tuvieran su residencia habitual en la Comunidad Valenciana durante los 181 días del año inmediatamente anterior a la fecha del devengo del ISD.
Parece, pues, que estamos ante una cuestión de valoración de la prueba, pues tratándose de una bonificación fiscal la carga de probar que existe causa para ella corresponde a la actora, que la fundamenta en una certificación de la Policía Local sobre su residencia en Guardamar del Segura desde su jubilación en 2002, en una vivienda de su propiedad en la calle DIRECCION000 nº NUM002 , así como en consumo de luz y agua y un acta de manifestaciones de vecinos.
Sin embargo, esta Sala no va a entrar a realizar valoraciones probatorias, pues no se trata de decidir si la actora cumplió con el requisito de residencia habitual en el marco temporal anterior previsto en la normativa ya citada, toda vez que la cuestión a resolver es muy distinta y trata de la posible discriminación por razón del territorio analizada y resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30-4-2015 (rec. casac. 4209/2011), que casó una sentencia de esta Sala, tras plantear cuestión de inconstitucionalidad, que fue resuelta por el Tribunal Constitucional, sentencia de 18-3-2015 del Pleno, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 12 bis a) de la Ley 13/1997, de la Generalitat Valenciana , Valenciana y su consiguiente modificación por el artículo 16 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Organización de la Generalitat , por vulnerar el principio de igualdad y por utilizar un criterio de reparto de las cargas públicas carente de una justificación razonable e incompatible con un sistema tributario justo, en cuanto beneficia solo a quienes residan en la Comunidad Valenciana.
De la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, a partir de dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se llega a la conclusión de que no cabe admitir una discriminación por razón de residir o no en la Comunidad Valenciana, a los efectos de acogerse a las bonificaciones previstas en el ordenamiento tributario valenciano. En tal sentido el  Tribunal Supremo, en su sentencia de 30-4-2015 , estima el recurso de casación 4209/2011 , anula la sentencia de esta Sala y reconoce el derecho a la rectificación pretendida por el contribuyente, permitiendo que se aplique la bonificación del 99% a un descendiente del causante que no era residente en la Comunidad Valenciana en el momento del devengo impositivo (...).
Ese es el supuesto que nos atañe, en el que resulta indiferente que la actora residiera o no en la Comunidad Valenciana, pues a tenor de la doctrina antedicha no puede ser discriminada por razones territoriales, por lo que no resulta necesario valorar si residía o no en Guardamar del Segura antes del fallecimiento de su madre pues, de cualquier manera, le corresponde acogerse a la bonificación del 99% de la cuota (...).ST 6/2017 TSJ CV ISD

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